La crisis cambiaria y el pedido de
salvataje financiero al FMI, que dominaron la coyuntura económica en el último
mes, constituyen un punto de inflexión para el gobierno de Macri y para la
economía argentina. Se asiste a un cambio de estrategia en la política
económica con resultados inciertos dados los límites que imponen las relaciones
de fuerza sociales.

Este cambio decreta el fin del
“gradualismo” y el inicio de una nueva etapa dominada por el intento de imponer
un ajuste (fiscal y monetario) mayor y una reducción de los salarios reales
como consecuencia de la devaluación. El recurso del FMI es una sobreactuación
del gobierno destinada no sólo a generar un nuevo ingreso de divisas que
sostenga el modelo sino también a imponer el ajuste como una obligación
externa. Se abre así una fase recesiva, impulsada por el menor consumo y gasto
público, cuyo grado de profundidad depende de múltiples factores pero que
ningún componente de la demanda agregada parece poder revertir.

Entre las causas que convergieron en
la corrida cambiaria, cuyos costos alcanzaron una magnitud que nadie pudo
anticipar, se encuentran factores exógenos (la esperable suba de la tasa de
interés en Estados Unidos) y endógenos, los cuales fueron resultado de las
características del modelo de valorización financiera que instauró el gobierno
de Cambiemos y las inconsistencias del programa económico en sus propios
términos.

En efecto, en los primeros dos años
del gobierno de Macri se generó una burbuja financiera sobre la base de las
altas tasas de interés de las Lebac respecto a la variación del tipo de cambio,
lo cual garantizaba altos rendimientos en dólares, en un escenario de
liberalización del mercado de cambios y del financiero. El intento del gobierno
de reducir la tasa de interés a principios de este año -con el objeto de
priorizar algo de crecimiento económico por sobre el descenso de la
inflación- acarreó una mayor presión sobre el dólar en un contexto de
acentuados desequilibrios de las cuentas externas, situación que se agravó
dadas las circunstancias internacionales. Las causas externas se montaron sobre
las espaldas de las internas y rasguñaron la burbuja financiera cuya
supervivencia se pretende alcanzar no solo con la suba de las tasas de interés
sino con la vuelta al FMI.  

La especulación financiera y sus
resultados se desenvolvieron en un escenario en el que se agravaron los
desequilibrios macroeconómicos. Por un lado, el déficit de cuenta corriente de
la balanza de pagos trepó al 4,8% del PIB en 2017, casi el doble que en 2015.
El déficit comercial alcanzó USD 8.400 millones en 2017 y en el primer
cuatrimestre de este año lleva USD 3.432 millones, con perspectivas poco
favorables en el marco de la sequía que podría involucrar una reducción de la
producción de cereales y oleaginosas de USD 7.500 millones. Por otro lado, el
peso de la deuda externa pública sobre el PIB creció aceleradamente: desde el
15,8% en 2015, puede esperarse que supere el 35% en este año, nivel superior al
2001.

Tras los altos costos que generó la
corrida cambiaria, es más que discutible el argumento que quiere imponer el
gobierno acerca de la necesidad de recurrir al FMI por el exceso del gasto
público que heredó del kirchnerismo. Bajo el gobierno de Macri se incrementó el
déficit fiscal, tanto el financiero (que incluye los intereses de la deuda)
como el primario. Una de las medidas de mayor impacto en este sentido fue la
reducción de las retenciones a las exportaciones: en 2017 se recaudó el
equivalente a USD 4.200 millones menos que en 2015 por este concepto en un
contexto de estancamiento de las exportaciones. A su vez, los intereses de la
deuda  aumentaron USD 5.000 millones.
Ambos más que compensan el ajuste en los subsidios económicos (equivalente a
USD 8.000 millones).

Es esperable que la devaluación con
la consiguiente aceleración de la inflación (que difícilmente se ubique por
debajo del 30%) y la decisión de avanzar en una profundización del ajuste acarreen
un aumento de la conflictividad social en un escenario en el que el gobierno se
encuentra debilitado políticamente. Numerosos gremios cerraron paritarias con
aumentos nominales del 15% (algunos con puntos adicionales de incremento menos
explícitos), y ya en los primeros meses de 2018 se advierten caídas en el poder
adquisitivo de los salarios promedio, así como del salario mínimo, la
jubilación, las asignaciones familiares y la AUH. Con la nueva aceleración
inflacionaria el salario real alcanzaría una pérdida significativa a menos que
los trabajadores logren imponer la reapertura de las negociaciones paritarias.
Además, la decisión del gobierno de realizar un mayor ajuste fiscal, que ya
venía profundizándose en los primeros meses del año con un recorte real de
gastos del 6,6%, agregará presiones sobre los salarios reales y la planta de
los empleados públicos.