La economía argentina, así como la del resto del
mundo, atraviesa una crisis de una profundidad inédita que está en pleno
desarrollo. Prueba de ello es que en los primeros tres trimestres de 2020 el
PIB cayó 11,8% respecto a igual período del año anterior y la pérdida de empleo
alcanzó a 2,2 millones de personas en el tercer trimestre del año. Sin embargo,
lo que resulta imprescindible tener en cuenta en el balance económico del
primer año del nuevo gobierno son dos particularidades que tiene la Argentina
para enfrentar la pandemia actual.

La primera es una clara desventaja como resultado
de la verdadera “pesada herencia” que se recibió del gobierno de Cambiemos, es
decir, una crisis económica significativa que se inició en 2018, con
desequilibrios en la balanza de divisas y restricciones presupuestarias derivadas
del monumental endeudamiento externo que incubó el gobierno anterior, con un
régimen de alta inflación luego de las sucesivas devaluaciones, y con un cuadro
social signado por la reducción del empleo, salarios deprimidos, incremento en
la pobreza e indigencia, entre otras cuestiones.

La segunda no obedece a una desventaja sino a lo
contrario, aunque con especificidades que deben ser consideradas. Se trata de
la naturaleza política del Frente de Todos, la coalición de gobierno que dio
por terminada la segunda experiencia de la valorización financiera que
implementó la alianza Cambiemos bajo la conducción económica del capital
financiero internacional (2016-2019). Al respecto, es insoslayable mencionar
que el Frente de Todos no es un retorno del kirchnerismo que terminó su mandato
en 2015, sino una alianza de sectores nacionales no sólo diferentes sino que
incluso algunos de ellos con intereses contrapuestos. En efecto, a partir del
acuerdo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner convergieron allí
no sólo las representaciones de la clase trabajadora y los pequeños y medianos
empresarios (es decir, el denominado “campo popular”) sino también la de los
grupos económicos locales que forman parte de los sectores dominantes.

Pues bien, la profundización de la crisis que
produjo la pandemia aceleró las contradicciones al interior del Frente de
Todos, como lo demostraron tanto las presiones devaluatorias como diversas políticas
que en las apariencias expresan posiciones dubitativas de la política económica
pero que en realidad guardan correspondencia con las contradicciones
insalvables de su naturaleza política. Tal el caso de la renegociación con
quita de la deuda con el sector privado, la sanción del aporte extraordinario a
las grandes fortunas, la declaración como servicio público a las
telecomunicaciones y la nueva ley de movilidad jubilatoria que contrastan con
la frustrada expropiación de Vicentín, la errática política del Banco Central
en el manejo de las reservas y la brecha cambiaria y la moderación del sector
público para la fijación de los salarios estatales y para impulsar en general
la recuperación salarial como lo demuestra, por caso, el incremento de 28% del
salario mínimo, vital y móvil.

Bajo este marco analítico es que en este informe se
analiza el impacto de ambas pandemias en el nivel de actividad económica, cuya
contracción inédita estuvo explicada por los componentes que deben impulsarse
para sostener la reactivación económica y una necesaria redistribución del
ingreso (el consumo privado y la inversión). Al mismo tiempo estuvo atenuada
por el papel del gasto público para enfrentarla, que no denota el ajuste
consumado que plantean diversos sectores ni es lo suficientemente expansiva en
relación al colapso económico y social. Posteriormente se examina la evolución
de los precios que exhiben una significativa desaceleración respecto a los
niveles de fin del gobierno anterior, pero que sigue siendo elevada si se
considera la abrupta caída de la demanda impulsada por la grave crisis del
empleo y los salarios. Por último, se pasa revista a la situación del sector
externo, concluyendo que la corrida cambiaria se originó en el vaciamiento que
llevó a cabo el sector de oleaginosas y cereales, además de una serie de
grandes grupos económicos y conglomerados extranjeros que “precancelaron” sus
deudas, en el marco de las omisiones del gobierno para su regulación. Es decir,
una fiel expresión de la disputa por la hegemonía en el interior de la
coalición de gobierno.