Informe de coyuntura N° 40
Es indudable que la economía argentina atravesó una fase de crecimiento en la post pandemia que va más allá del rebote inicial. A tal punto es así que el nivel de actividad en 2022 se ubicó en niveles similares a los de 2015 y 2017 que fueron los últimos picos de crecimiento del PIB. Esta fase expansiva estuvo liderada por la producción de bienes y acarreó una importante generación de empleo en 2021 y 2022, cuyo elemento dinámico fueron los trabajadores por cuenta propia e informales. La incógnita de este ciclo de crecimiento reside en su sostenibilidad por dos razones fundamentales: la crisis de ingresos que se refleja en un proceso de regresividad distributiva en base a un bajo nivel salarial en contexto de alta inflación, y la crisis de la deuda con sus derivaciones en materia de las escasas reservas internacionales. Ambos elementos conforman lo esencial de la encrucijada actual de la economía argentina.
En cuanto al primero cabe señalar que la reducción en la participación de los asalariados en el ingreso durante la gestión de Cambiemos (del 51,8% en 2016 al 46,2% en 2019) se profundizó en el gobierno del Frente de Todos (43,9% en los tres primeros trimestres de 2022). Ello supone una transferencia de ingresos del trabajo al capital de aproximadamente 87.000 millones de dólares entre 2016 y 2022, de los cuales 48.000 millones se trasladaron en 2021 y 2022.
Existen dos cuestiones que resultan interesantes de remarcar en esta significativa transferencia de ingresos. La primera reside en el hecho de que el costo salarial cayó 18,6% entre 2016 y 2022 en el marco de un descenso menor de la productividad (-5,5%). Este hecho se profundiza durante el gobierno del Frente de Todos, cuando el costo salarial se reduce 4,5% y la productividad crece 0,8%. Dado que el salario es directamente proporcional al aumento de la participación de los asalariados en el ingreso y la productividad es inversamente proporcional, ambos factores -por distintas circunstancias en cada etapa- determinaron la reducción en el peso relativo de los asalariados en el valor agregado, más aún en una fase de expansión económica como la del bienio 2021-2022.
En segunda instancia, el mecanismo principal de traslación de ingresos del trabajo al capital fue, como es obvio, el elevado proceso inflacionario. Primero bajo los efectos de la crisis de la deuda y la consiguiente devaluación en 2018-2019 y luego en el marco de la post pandemia y la suba de los precios internacionales. En ambas circunstancias el ritmo inflacionario se consolida en un nivel superior por efecto, entre otras cuestiones, de la rigidez a la baja en los precios que emana de la competencia imperfecta. Es decir de la capacidad diferencial en el ajuste de los precios por parte de las ramas oligopólicas (en particular en las que predominan grupos económicos).
De allí que la puja distributiva defina un esquema de “ganadores” y “perdedores” que puede sintetizarse al contrastar la contracción de los salarios nominales en relación a los precios al consumidor (salario real) con la evolución de los precios mayoristas de las ramas oligopólicas en relación a los precios al consumidor. Es decir, cómo les fue a los trabajadores y a las empresas oligopólicas respecto a la inflación minorista. Mientras que los salarios reales se redujeron 12,1% entre 2016 y 2022, los precios de las ramas concentradas aumentaron 21,3% por encima del índice de precios al consumidor. Durante el gobierno del Frente de Todos se asiste a un estancamiento del salario real (+0,5%) en un contexto en el que los precios de las ramas concentradas ascendieron casi 10% por encima de los precios al consumidor. En suma, se tiende a configurar una nueva estructura de precios relativos a favor del sector más concentrado del capital. La paradoja de la expansión del consumo privado en un contexto de altos niveles de pobreza no está para nada disociado de este fenómeno.
Todo esto ocurre en el marco de una delicada situación en el frente externo. Durante el gobierno del Frente de Todos no se lograron acumular reservas internacionales a pesar de contar con un elevado superávit comercial. Por esa vía ingresaron al Banco Central 45.500 millones de dólares, mientras que por la vía de los pagos de deuda (excluyendo al FMI y otros organismos) y el turismo egresó un monto similar: 46.600 millones, de los cuales 35.600 corresponden a la deuda y 11.000 a viajes y transporte de pasajeros.
Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que los pagos de deuda de las empresas privadas esquilmaron las reservas por 24.600 millones de dólares entre 2020 y 2022. La sangría de divisas para que las grandes empresas cancelen sus deudas no mermó con el cambio de conducción del gabinete económico ya que en el primer semestre de 2022 el déficit alcanzó a 3.850 millones de dólares y en el segundo 3.946 millones. Asimismo se advierte una significativa brecha entre las importaciones devengadas por el INDEC (que reflejan el movimiento real de mercancías) y las liquidadas en el Banco Central (12.807 millones de dólares), que estarían indicando un incremento de la deuda comercial de los importadores a cancelar este año. Esta situación junto a la importante sequía que afecta a la producción agropecuaria constituyen la antesala de los casi 6.000 millones de dólares que se perdieron de reservas en el primer bimestre de 2023.
En efecto, estas dinámicas condicionan la situación actual en el marco del acuerdo con el FMI que no solo dejó, junto a la restructuración con el sector privado, un comprometido perfil de vencimientos de deuda en moneda extranjera sino también la imposición de, como se planteó en diversos informes de CIFRA, un ajuste fiscal que limita la expansión económica y las posibilidades de mejorar la distribución del ingreso. Tal es así que para alcanzar la meta de déficit fiscal el gasto primario cayó 9,6% en el segundo semestre de 2022.