Informe de Coyuntura Nº16

Evolución de la actividad económica

A partir de la devaluación de comienzos del corriente año se percibe una caída de la actividad económica con
un ritmo inflacionario elevado pero decreciente en el tiempo (cayó de un pico de 5,4% en febrero a 1,5% mensual
en junio). Se recompusieron levemente las reservas internacionales y se registró un saldo comercial positivo
(4.770 millones de dólares en el primer semestre según datos del Banco Central) aunque inferior al obtenido en
años anteriores. Las abultadas importaciones de energía constituyeron una restricción significativa en este
sentido que obedeció a la reducción de la producción interna a pesar del incremento de la producción de YPF.
Por su parte, la retención de las exportaciones agropecuarias trajeron aparejadas una no desdeñable pérdida de
ingresos al sector debido a la caída significativa de los precios internacionales. 


En este contexto, en términos de la economía real la mayor retracción se constató en la producción industrial
liderada por la producción automotriz y la construcción. Su correlato en términos de la ocupación se expresaron
principalmente en suspensiones y en un todavía leve incremento de la tasa de desempleo (que trepó al 7,5% en
el segundo trimestre). El impacto en términos del salario real produjo un descenso del 7,7% en el primer
trimestre, período que no contempla los ajustes de esos ingresos por los acuerdos establecidos en las paritarias. 

Sobre el desendeudamiento externo

Entre las múltiples transformaciones que se registraron en la economía argentina durante la última década hay
dos que adquieren una especial relevancia porque constituyen “políticas de Estado” y su orientación es
claramente divergente con la que adoptaron los países centrales a partir de la consolidación del neoliberalismo
sustentado en políticas monetaristas: la política previsional y la vinculada al endeudamiento externo generado en
las décadas anteriores.
Sin embargo, entre ambas median diferencias que es preciso tener en cuenta debido a la transcendencia que
asumen. La política previsional luego de haber incorporado millones de personas que tenían vedado ese derecho
-proceso que ciertamente aún continua- se institucionalizó en octubre de 2008 mediante la Ley de movilidad
jubilatoria que implicó independizar su ajuste periódico de las decisiones del Poder Ejecutivo.

Igualmente relevante y definida fue la política encarada respecto al notablemente elevado endeudamiento
externo del sector público. Desde 2003 en adelante se avanzó en un inédito proceso de desendeudamiento que
tuvo como hitos fundamentales las renegociaciones con quita de 2005 y 2010 así como la cancelación en efectivo
de la deuda con el FMI que permitió recuperar la autonomía en términos de la política económica. Últimamente,
esa política se complementó con el acuerdo con el “Club de París” y al mismo tiempo se vio cuestionada por el
fallo de los tribunales norteamericanos en el conflicto con los “fondos buitres”. 

Sin embargo, más allá de ese conflicto sobre el cual CIFRA y el Área de Economía y Tecnología de la
FLACSO plantearon su posición (ver el comunicado de prensa al final de este informe), resulta imprescindible
señalar que, a diferencia de lo que ocurre con la política previsional, la relacionada a la deuda externa no avanzó
en un acuerdo político que se expresara en términos legislativos, con fuerza de ley. 

Resulta indiscutible que avanzamos hacia un recambio presidencial el año entrante y que en el contexto de la
crisis mundial iniciada en 2008 las discrepancias entre la política seguida internamente y la consolidación de la
hegemonía neoliberal en los países centrales se acentuaron significativamente. Bajo esas circunstancias, desde
el punto de vista de CIFRA la institucionalización de una “política de Estado” acerca del endeudamiento externo
es de vital importancia siempre que allí se defina el límite máximo que puede alcanzar en el futuro la deuda
externa -tanto en términos del PBI como de las reservas internacionales-, así como que establezca que su
destino será para la expansión productiva, descartando la posibilidad de que se utilice para gastos corrientes
estatales o para hacer posible la valorización financiera de los sectores oligopólicos, como ocurrió entre 1976 y
2001. En caso contrario, el pago de aproximadamente 190 mil millones de dólares que, de acuerdo a las
estimaciones oficiales, se pagaron como parte de esta política de desendeudamiento abre la posibilidad de que
se ponga en marcha un nuevo ciclo de endeudamiento externo que afecte seriamente las condiciones de vida de
los sectores populares y permita la apropiación de una renta extraordinaria parte de los sectores de poder.