En el marco de la notable recuperación de la
economía interna tras el impacto que tuvo la crisis internacional en 2008-2009,
este Informe de Coyuntura Nº 9 le presta especial atención a la nueva irrupción
de esa crisis inconclusa que actualmente tiene como epicentro a las economías
europeas.

La acentuada desaceleración del crecimiento de la
economía brasileña repercutió en la economía local a partir del último
trimestre de 2011, generando una paulatina disminución del crecimiento, a la
vez que se reduce el margen de maniobra tanto del superávit comercial externo
como fiscal. Cabe destacar que esta desaceleración del crecimiento no tuvo, de
acuerdo con los últimos datos disponibles, repercusiones negativas en términos
de los niveles de ocupación, que siguieron en un nivel elevado, ni del salario
real en el conjunto de la economía, que continuó su tendencia alcista.

No obstante este comportamiento positivo del mercado
de trabajo, hay indicios ciertos de que se registra una disminución de la participación
de los asalariados en el ingreso, en tanto el significativo incremento de la
productividad del trabajo, como resultado del elevado nivel inversión de los
últimos años, superó el aumento del salario real. Esta evidencia ratifica
nuevamente que la elevación del salario real no fue un factor que impulsó la
inflación, que se ubicó en 2011 por encima del 23%.

Es insoslayable mencionar que en este contexto, el
gobierno nacional –al igual que ocurrió en 2009– comenzó a implementar un
conjunto de medidas de distinto carácter, con el propósito de neutralizar los
efectos de ese recrudecimiento de la crisis internacional sobre la economía
interna, así como atender a las problemáticas de la economía interna.

Por un lado, el control sobre las importaciones y, por
otro lado, dos medidas que resultan de crucial importancia con
vistas a recuperar la capacidad del Estado de incidir sobre la economía. La más
importante es, sin dudas, la determinación de retomar el control de YPF y, con
ella, del poder de decisión sobre recursos estratégicos. La lógica
de maximización del beneficio del capital transnacional implicó, desde que la
empresa fue privatizada en los años noventa, una escasa inversión en
exploración y una sobreexplotación de los recursos existentes, de modo que se
puso en riesgo el suministro de la energía que demanda una economía en
crecimiento. Con la recuperación del control estatal se reafirma, en cambio, la
voluntad de priorizar las necesidades e intereses del desarrollo nacional.

Se suma esta medida a la anterior
reforma de la Carta
Orgánica del Banco Central, que pone a este organismo al
servicio del desarrollo económico, y a las anteriores decisiones que redundaron
en la recuperación de la soberanía del Estado en la toma de decisiones, desde
el proceso de desendeudamiento externo hasta la reestatización del sistema
previsional.

En este escenario, debe destacarse que las medidas
implementadas amplían el margen de acción del Estado nacional tanto en términos
de políticas contracíclicas de corto y mediano plazo como en pos de la
implementación de un plan de desarrollo de más largo plazo, que implique un
mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de los trabajadores.