Este
informe presenta
resumidamente las principales estadísticas que dan cuenta de la situación del
mercado laboral y de los trabajadores. Dados los últimos datos disponibles, la
información corresponde mayoritariamente a los primeros meses del año, es
decir, el período previo a la fuerte devaluación de la moneda y sus
consecuencias negativas en términos de inflación, pérdida de ingresos reales,
caída de la actividad económica y retracción del empleo.

Aún
así, el mercado laboral en ese período evidenció dificultades que seguramente
se ven agravadas en el escenario actual y el de los próximos meses.

En
el 1° trimestre del año la tasa de desocupación alcanzó el 9,1%; casi dos
millones de personas desocupadas en el país. La persistencia de un elevado
nivel de desocupación se refleja en un aumento en la duración del desempleo: el
39,4%
de los desocupados lleva más de un año en la búsqueda de
una
ocupación.

En
los
4
primeros meses
de 2018 no
se
generó en
absoluto empleo registrado, dado que el escaso aumento en el empleo
asalariado fue compensado por una caída en la cantidad de trabajadores independientes,
revirtiendo la tendencia previa.

La
principal rama de actividad afectada fue la industria: la caída del empleo en
este sector no cesa desde el inicio del nuevo gobierno.
En los primeros 4 meses del año se perdieron 10.300
puestos
registrados (-0,9%), que implican en total una
reducción de 73.800 puestos desde diciembre de 2015, es decir, una caída total
de 5,9%.

El
poder
adquisitivo promedio de las remuneraciones registradas del sector privado tuvo
una leve
caída
en el 1° cuatrimestre. Para los próximos meses sólo cabe esperar una reducción
mayor como
resultado de la aceleración inflacionaria. Si bien en las
últimas semanas algunos gremios lograron aumentos en
torno al 25%, ello tampoco garantiza mantener el poder adquisitivo ante proyecciones
de inflación que superan el 30% anual. Puede proyectarse que aumentos
salariales del 15% implicarían como mínimo una pérdida de poder adquisitivo del
12% a fin de 2018, mientras que aumentos del 25% se corresponderían con una
reducción del 4%.

En
el caso del sector público, las pérdidas de salario real resultan
mayores
que en el sector privado. Ante la intención del gobierno de
reducir la masa salarial como uno de las principales formas de ajuste fiscal
comprometidas ante el FMI, cabe avizorar una
importante disminución
real
para este año.

Las
pérdidas
de poder adquisitivo se vuelven dramáticas en el caso del salario mínimo, vital
y móvil, ante la decisión que tuvo el gobierno en
2017 de fijar un aumento muy bajo por Decreto y
romper la negociación en el ámbito del Consejo del Salario. También sufren
importantes pérdidas los haberes jubilatorios y la asignación universal por
hijo, determinadas por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.