El informe retrata la culminación del proceso de
recuperación del empleo que tuvo lugar luego de la fuerte caída que implicó la
pandemia de Covid-19. Se destaca que el incremento en el número de ocupados fue
–siguiendo a la recuperación económica– significativo, de modo que en el último
trimestre de 2021 resultó superior en 3,4% al nivel del mismo trimestre de
2019. Ello permitió que la tasa de desocupación retrocediese hasta ubicarse en
ese mismo trimestre en 7,0% sobre la PEA.

Si bien se incrementó la porción de las personas ocupadas
que lo son porque realizan la contraprestación laboral de algún plan de empleo,
el impacto de este efecto sobre el aumento de la ocupación es mínimo o, dicho
en otras palabras, son otras las razones que lo explican.

En comparación con la situación previa a la pandemia, se
observa además una composición del empleo de mayor calidad, en tanto incluye
una proporción mayor de empleos asalariados registrados y un menor peso del
empleo no registrado. Si bien las diferencias no son marcadas, representa un
auspicioso cambio de tendencia.

En promedio, el poder adquisitivo de los ingresos laborales
aumentó sólo 1,6% entre los cuartos trimestres de 2019 y de 2021; de modo que
queda aún 18,1% por debajo si se compara la situación con la vigente en el
último trimestre de 2017, previo a la fuerte caída que tuvo lugar al final del
gobierno de M. Macri.

El mantenimiento de un bajo nivel salarial implica que el
proceso de recuperación se haya dado con un marcado empeoramiento en la
distribución del ingreso, que profundizó el que ya había tenido lugar durante
la administración de Cambiemos. La participación de las remuneraciones en el
valor agregado, que era de 51,8% en 2016, pasó al 46,1% en 2019 y descendió al
43,1% en 2021. Así, en los últimos años puede computarse un transferencia de
ingresos desde los asalariados hacia el capital de $ 7,7 billones, que
equivalen al 46% de la masa salarial y al 19,6% del valor agregado de 2021.

A su vez, persiste una importante desigualdad entre los
trabajadores y se amplió la brecha entre quienes más y menos ganan. En el
cuarto trimestre de 2017 el ingreso laboral del 10% de los ocupados con mayor
ingreso equivalía a 18,4 veces el promedio del 10% con menores ingresos; en el
mismo trimestre de 2021 esa brecha creció hasta 24,1 veces. En comparación con
la situación previa a la pandemia, el ingreso laboral del 10% con mayores
ingresos creció 11,8% en términos reales, mientras el estrato medio continuó
cayendo y el más bajo apenas se sostuvo.

La incidencia de la pobreza y de la indigencia resultaron
del 36,1% y 8,0%, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2021. Es decir, se
trata de niveles inferiores a los previos a la pandemia. El descenso se vio
limitado, sin embargo, ante la falta de recuperación en los ingresos de los
hogares respecto de ese momento y, más aún, respecto de valores previos a la
crisis de 2018-2019.

Políticas de ingreso como el haber jubilatorio mínimo, la
Asignación Universal por Hijo y el salario mínimo, vital y móvil mantenían en
diciembre de 2021 valores reales inferiores a los del mismo mes de 2019, de
modo que puede decirse que no fueron utilizadas para empujar una recuperación
de los ingresos reales y un descenso mayor de la pobreza.

Mientras tanto, la nueva aceleración de la inflación desde
inicios de este año, vinculada con el alza internacional de precios de
alimentos y materias primas, pone dudas sobre la continuidad de ese proceso de
reducción en la pobreza.

En lo que respecta a los salarios registrados –que aumentaron
3,0% en términos reales entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2021– la
subestimación de la inflación futura a la hora de definir la pauta salarial
inducida por el gobierno, fue uno de los factores que dificultó la recuperación
del salario incluso para los trabajadores formales, protegidos por el mecanismo
de la negociación paritaria. Los gremios que están actualmente en negociaciones
plantean acuerdos por períodos inferiores a un año, buscando que el salario no
quede siempre detrás de la inflación.

En torno a estas evidencias, se discute actualmente si la
propia recuperación económica y del empleo es suficiente para inducir un
aumento en los salarios reales y, por esta vía, mejorar también la situación
social. Cierto es que la baja en la tasa de desocupación implica para las y los
trabajadores una situación de mayor fortaleza relativa; aunque con
desigualdades muy grandes. Pero también es cierto que las políticas del Estado
tienen incidencia –por acción u omisión– en la distribución del ingreso. Ante
el deterioro acumulado en las condiciones de vida de las y los argentinos,
esperar a que solo el libre mercado mejore estas condiciones implica sostener
el empobrecimiento e incluso dificultar la propia recuperación de la economía.