Recientemente,
el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para la determinación
de una nueva fórmula de movilidad, que reemplace definitivamente la que tuvo
vigencia durante los dos últimos años del gobierno de Cambiemos.

La fórmula propuesta retoma los
lineamientos de aquella que tuvo vigencia durante los gobiernos kirchneristas.
Con ajustes semestrales y con rezagos acotados en las variables, se basa en un
50% en la variación de los salarios registrados (RIPTE) y en otro 50% en la
variación de la recaudación tributaria de ANSES dividida por la cantidad de
beneficios. A su vez, se establece un tope a los incrementos, que no podrán
superar en más de 3% la variación de la recaudación total de ANSES por beneficio en los últimos 12
meses.

Al analizar la evolución de la
jubilación mínima desde la crisis final de la convertibilidad en 2001-2002, se
destaca el período de fuerte recuperación de poder adquisitivo, que fue
consecuencia de sucesivas decisiones del Poder Ejecutivo, con anterioridad a la
vigencia de una ley de movilidad automática.

Tras la ley sancionada a fines de
2008 las jubilaciones tuvieron un incremento significativo, que acumuló 21,3%
en términos reales entre diciembre de ese año y el mismo mes de 2017, cuando el
gobierno de Cambiemos modificó la fórmula. En esa oportunidad, se argumentó que
el cambio favorecería el mantenimiento del poder de compra de las jubilaciones;
pero la práctica demostró
que no fue así. Por el contrario, se perdió un 14,5% en términos
reales en la jubilación mínima mientras esa fórmula basada en el IPC y los
salarios estuvo vigente.

En 2020, con la movilidad
automática suspendida y con incrementos definidos por el Poder Ejecutivo logró
incrementarse levemente el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas. Al
mes de septiembre, cuando se definió el último aumento, el acumulado del año
era de 5,4%.

El cambio propuesto permitirá que
las jubilaciones se incrementen siempre y cuando mejoren los salarios y la
recaudación de la seguridad social, que en definitiva depende de la evolución
de las remuneraciones y el crecimiento de los puestos registrados. El contexto
de mejora económica y del mercado laboral es condición necesaria para que las
jubilaciones se recuperen de modo sustentable. Sería deseable complementar la
propuesta con un piso que limite las posibles caídas de poder adquisitivo en
los haberes en momentos recesivos.

Las jubilaciones vienen siendo
golpeadas en los últimos años: en octubre de este año, el poder adquisitivo del
haber mínimo quedó 18,8% por debajo del previo al gobierno de Cambiemos. De
allí que también sería deseable que se incrementen los haberes en forma previa
a la aplicación de la fórmula propuesta.