El proyecto firmado por Martín Lousteau plantea un reemplazo de la
obligación de las y los empleadores de pagar una indemnización en caso de
despido sin causa, por el aporte a un Fondo de Cese Laboral que asumiría tal
obligación, aunque con una indemnización recortada, ya que se reduce la base de
cálculo y se elimina el preaviso.

Se establece un máximo para el aporte patronal del 12% sobre las
remuneraciones para el primer año de una relación laboral y del 8% para los
subsiguientes. Se trata de un porcentaje significativo, que para las y los
empresarios representa un costo igual o mayor al de una indemnización
(un mes de salario por año trabajado equivale al 7,7% sobre el salario anual).
En un contexto de salarios deprimidos y con una elevada inflación que socava su
poder adquisitivo, ¿es posible asegurar que ese costo efectivamente lo asuma la
parte empresaria y no las y los trabajadores?

Como atractivo para las y los trabajadores, se vislumbra la posibilidad de
percibir una suma de ese Fondo ante situaciones de finalización de un vínculo
laboral que no sean el despido sin causa. De todos modos, en relación con este
tema la redacción del proyecto es por demás ambigua, sin que se especifiquen
dichas situaciones ni cómo se instrumentarían.

Se afirma, a su vez, que la eliminación de la indemnización por despido
redundaría en un incremento del empleo. La propia experiencia argentina ha
mostrado que la flexibilización del mercado laboral y la reducción de costos
laborales no provocan que el empleo se incremente.

Contra las y los trabajadores, esta medida sin dudas implicaría una menor
estabilidad en el empleo, ya que el costo disuasorio de un despido
desaparecería. Además, la amenaza del desempleo se volvería un recurso más
concreto frente a cualquier reclamo. En síntesis, menos estabilidad y mayor
disciplinamiento.