Contenidos
del informe:

Evolución de la
conformación estructural y de la política tarifaria y de subsidios del sector
energético

El grueso del informe analiza las transformaciones
del sector energético desde las privatizaciones de la década de 1990 hasta la
actualidad analizando todas las transformaciones en las variables que
intervienen en los costos y la trama institucional para la prestación y
regulación del servicio (ver la síntesis del documento). Esto es importante de
destacar ya que los problemas actuales se entrelazan con los cambios
estructurales que se produjeron en la década de 1990 en el marco de la
privatización y desregulación del sector, y que se intentó empezar a
revertirlos con la recuperación estatal de la mayoría accionaria de YPF.  

Compromisos
con el FMI

La invasión rusa a Ucrania y su
impacto en el mercado energético, pone en duda el cumplimiento de la reducción
de subsidios acordado con el FMI. En efecto, el salto en el costo de la energía
provocado por la fuerte suba en los precios internacionales en un escenario de
expansión de la demanda energética a nivel local (con niveles récord en 2021 y
en lo que va de 2022) anticipa que el compromiso de llevar los subsidios
energéticos del 2,2% del PBI al 1,6% (-0,6 puntos porcentuales) será de muy
difícil cumplimiento.

Segmentación
de tarifas y costo de la energía

A la quita de subsidios implementada
en marzo y junio a todos los usuarios residenciales, comerciales e industrias
chicas de gas y electricidad (en función del tope equivalente al 80% del Costo
de Variación Salarial (CVS) y al 40% para la tarifa social), recientemente se
le sumaron otro conjunto de medidas que apuntan a generar un mayor ahorro
fiscal. 

La inscripción en el Registro de
Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para implementar la segmentación
tarifaria – que inicialmente se estimaba que abarcaría sólo al 10% de los
usuarios para pagar el costo pleno de la energía-, amplió este universo al 38%
de los usuarios, en tanto al nivel 1 de altos ingresos se le adiciona a los no
inscriptos. Esta diferencia supondrá un ahorro fiscal adicional importante. A la
vez, la nueva política de incentivo de consumo eficiente para los usuarios de
ingresos medios (Nivel 3) y la quita del 20% de los subsidios a usuarios
comerciales e industriales chicos de electricidad también generarán un mayor
nivel de ahorro.

Según un escenario proyectado, de
sostenerse el actual nivel de precios energéticos, el ahorro fiscal resultante
del conjunto de políticas tarifarias será aproximadamente de $195 mil millones
en el año 2022, lo que representa una reducción de 0,25% del peso de los
subsidios energéticos sobre el PIB. De este modo, los subsidios energéticos
totales sobre el PIB se ubicarían en torno al 1,95%, siendo mayores a la meta
acordada con el FMI (1,6% sobre el PIB).

Desafíos
presentes y futuros

La recuperación económica y del
empleo que tuvo lugar en 2021 y, en menor medida, en el primer semestre de
2022, no han sido suficientes para revertir la crisis social provocada por la
caída de los salarios reales. Esta situación se ha complejizado aún más
producto del agravamiento del proceso inflacionario, por lo que resulta
inviable intentar que las tarifas acompañen la fuerte expansión de los costos
de la energía.

Las últimas políticas tarifarias
planificadas para la quita de subsidios energéticos (a las que se suma también
el servicio de agua de redes) no fueron planificadas de forma coordinada ni
presentan criterios homogéneos, lo que dificulta estimar el impacto total que
tendrán sobre el nivel de ingresos de los distintos tipos de usuarios. Esto
genera un mayor nivel de incertidumbre en un contexto de alta inflación como el
actual.

En este marco, la quita de subsidios
a los usuarios de alto poder adquisitivo y de alto consumo debe ser
complementada necesariamente con políticas tendientes a disminuir los costos de
generación. Para ello, es de vital importancia la concreción en el corto plazo
de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.