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- El Proyecto de Presupuesto 2026 pretende consolidar el brutal ajuste desplegado durante 2024 y sostenido en 2025, en el marco de la ausencia de Ley de Presupuesto en ambos ejercicios, lo que permitió al Poder Ejecutivo administrar discrecionalmente la asignación de los recursos mientras llevaba adelante un severo vaciamiento de la gestión pública.
- Por ello, resulta necesario analizar el ajuste en comparación con el año 2023, último ejercicio que contó con un Presupuesto aprobado por el Congreso. El total de los gastos de la Administración Pública Nacional previstos en el Presupuesto 2026 representa una caída del 24,2% en términos reales (considerando la inflación proyectada en el propio presupuesto). Gran parte de las funciones elementales de la política pública registran caídas aún mayores (Educación 45,3%, Vivienda y Urbanismo 98,1%, Agua Potable y Alcantarillado 86,5%, Promoción y Asistencia Social 71,5%). El resultado es un Estado progresivamente desfinanciado y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos elementales.
- En ese marco, el presupuesto proyecta para 2026 un superávit primario del 1,2% del PBI y alcanzar el equilibrio en el resultado financiero (0% del PBI). Detrás de la meta fiscal, que funciona como supuesto eje rector de toda la política económica y de esta Ley de Presupuesto, se esconden un par de aclaraciones que no están contempladas en el Proyecto de ley: 1) el ocultamiento de los intereses de la deuda en el marco de la estrategia de su capitalización (de ser computados en el resultado financiero, como lo exige el Fondo Monetario Internacional en su último informe, mostrarían un déficit financiero de más de 2 puntos del PBI para 2025 en lugar del equilibrio), y 2) la reciente reducción de impuestos a sectores de altos ingresos (retenciones a las exportaciones, y la propuestas de hacerlo con las contribuciones patronales, el impuesto a las ganancias de grandes empresas, entre otras, en el proyecto de Reforma laboral) que exigirán un mayor ajuste del gasto primario para alcanzar la meta fiscal propuesta. Esta situación se agrava si se considera que se proyecta una expansión del PBI de 2025 que probablemente no ocurra dado el estancamiento al que asiste a la economía desde febrero, con sus consiguientes impactos en la recaudación.
- Por último, es notable que en un escenario caracterizado por una crisis de deuda en el Presupuesto no haya un programa financiero que dé una respuesta a esta problemática, ya que la emisión neta de deuda en dólares es sumamente reducida para afrontar los abultados vencimientos de deuda externa pública en 2026.
