Saltar al Contenido
- El gobierno de Milei no solo arrancó con un fuerte ajuste económico y el despliegue de un conjunto amplio de reformas estructurales sino también con la construcción de una peculiar alianza en el poder. Aun cuando no se trate todavía de un hecho consumado, la conformación del gabinete involucró a funcionarios ligados al gobierno de Macri (como, entre otros, al Ministro de Economía y al presidente del Banco Central) y a otros que están vinculados a grupos económicos locales. Como puede verse en el anexo de este informe, el grupo Techint desembarcó en YPF y la Subsecretaría de Hidrocarburos, lo cual no es un dato menor en el marco de la potencialidad de Vaca Muerta. Por su parte, se constatan diversos funcionarios relevantes vinculados al grupo Eurnekian (Jefe de gabinete, Ministro del Interior, Ministro de Justicia, entre otros).
- Se trata de una ampliación de la base de sustentación social del gobierno para encarar la “refundación” de la relación entre el capital y el trabajo y de los precios relativos de la economía que el presidente del grupo Techint sintetizó en la frase “resetear la economía”, para en forma posterior intentar imponer la “irreversibilidad” de ese proceso por intermedio de la estabilización que podría plasmarse a partir de intentar poner en marcha la anunciada dolarización.
- Con tal finalidad el gobierno de Milei partió de un diagnóstico cuestionable. Según su óptica la estanflación que condena a la economía argentina desde 2012, así como los diversos desequilibrios macroeconómicos (como la deuda y la escasez de dólares), tiene como razón fundamental el déficit fiscal. En primer lugar, cabe señalar que ciertamente el PIB creció al 0,0% anual entre 2012 y 2023, pero hubiera crecido al 2,2% si se excluye al período del gobierno de Macri y la pandemia sanitaria. En segunda instancia, el déficit fiscal no parece ser de una magnitud tal que lo ubique como la “peor herencia de la historia”, tal como lo planteó el Ministro de Economía. En el anualizado de los primeros 10 meses de 2023 el déficit fiscal fue del 3,7% del PIB y si se considera el efecto de la sequía en la recaudación de los derechos de exportación se ubicaría en 3,0% del PIB. Si se compara con 2019 allí el déficit fue de 3,8% del PIB y en el anualizado de los primeros 10 meses de ese año del 2,9%.
- Es el gobierno, a través de la práctica política, el que puede provocar en los hechos su diagnóstico ya que busca transferir los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro Nacional y así acrecentar la cuenta de intereses y, por ende, el resultado financiero. Asimismo, la recesión implícita en las medidas adoptadas impactará negativamente en la recaudación, impacto que solo se puede ver morigerado por el incremento del impuesto PAIS y los derechos de exportación.
- Lo que el actual gobierno señala como una consecuencia de la problemática fiscal, en realidad constituye una de las causas de la encrucijada en que está sumergida la economía argentina: la crisis de la deuda que se heredó del gobierno de Macri y que el Frente de Todos no logró resolver. Cabe recordar que en el gobierno de Cambiemos, con un rol protagónico del actual Ministro de Economía, la deuda en moneda extranjera aumentó en 102.500 millones de dólares, cuando el déficit fiscal primario en pesos fue equivalente a 24.500 millones de dólares. Es decir que la razón del endeudamiento tuvo más que ver con financiar la fuga de capitales (86.000 millones de dólares en tiempos de Macri) que con que “gastemos más de lo que ingresa”. De allí que el problema candente para este gobierno –de necesidad y urgencia desde el punto de vista económico– sean los 9.000 millones de dólares de vencimientos por deuda en moneda extranjera en sus primeros 5 meses de gobierno. Más aún cuando debe resolver la deuda con importadores y no está garantizada la ampliación del swap con China.
- Las medidas económicas anunciadas hasta el momento pueden dividirse en dos grandes ejes. Las que buscan implementar un fuerte ajuste ortodoxo que podrían sintetizarse como las de “coyuntura” y las que atañen al paquete de reformas estructurales que busca sentar las bases de un Estado “mínimo” con una amplia desregulación de la economía, reforma del Estado, flexibilización laboral y apertura comercial.
- El primer conjunto de medidas se asocia a un ajuste económico ortodoxo que involucra, entre otras cosas, una devaluación de la moneda (aumento del dólar oficial de 120%) y un recorte del gasto público equivalente a casi 3% del PIB (con recortes en jubilaciones, subsidios económicos, transferencias a las provincias, obra pública, salarios públicos y programas sociales). Se trata de un programa de ajuste que implica buscar que la recesión económica constituya la única “ancla” a la inflación. La experiencia histórica es contundente en señalar que los procesos de sobreajuste del consumo (público y privado) ocasionan escenarios recesivos con caídas profundas en el salario real y la ocupación.
- El segundo paquete de medidas, cuya inviabilidad jurídica abre un paréntesis sobre su efectivización, implica la desregulación de una gran cantidad de sectores (alquileres, prepagas, laboratorios farmacéuticos, internet satelital, mercado aéreo, turismo, ingenios azucareros, industria vitivinícola, yerba mate, pasta celulosa y papel, algodón, hidrocarburos y minería), deroga la ley de abastecimiento, habilita las privatizaciones de empresas públicas y clubes de fútbol, incluye una amplia reforma laboral de notable carácter regresivo y, entre otras tantas cuestiones, habilita el bimonetarismo. La moneda está en el aire.
