Con la economía
indiscutiblemente sumida en recesión, los indicadores laborales y de
condiciones de vida de las familias empeoraron notoriamente en el último
año. Si se considera lo ocurrido desde que asumió Macri, también es evidente el
deterioro sufrido en diferentes aspectos, a la vez que la evolución
de las variables económicas y la continuidad de las políticas económicas y
sociales no permiten vislumbrar un cambio de rumbo en los próximos meses.

Como consecuencia
de la caída en el empleo, la desocupación llegó en el 4°
trimestre de 2018 al 9,1%, el nivel más alto desde 2005. Los grupos más
afectados por el desempleo (mujeres y jóvenes) empeoraron relativamente más su
situación. En particular, entre las mujeres jóvenes la tasa de desempleo superó
el 20%. El comportamiento de varones y mujeres en el mercado de trabajo
fue diferente: mientras que entre los varones el empleo se contrajo 2,3 puntos
desde 2015, entre las mujeres aumentó especialmente la actividad,
probablemente por la necesidad de contribuir al sostenimiento de los ingresos
familiares en el marco de la  acelerada pérdida de poder adquisitivo.

La calidad del
empleo empeoró a lo largo del período: el peso de los trabajadores
independientes y de los asalariados no registrados aumentó en forma
continua durante toda la presidencia de Macri, y como contracara se redujo
la proporción de asalariados registrados.

En el último año
la cantidad de trabajadores registrados se contrajo en 252.500 y
fueron los asalariados del sector privado los que más cayeron (-159.400).
El sector industrial fue el más golpeado en términos de empleo, con
resultados negativos continuos desde 2015 y una pérdida de casi 70 mil
trabajadores sólo en el último año.

La aceleración de
la inflación determinó una importante pérdida de poder adquisitivo tanto de los
salarios como de las jubilaciones y las asignaciones familiares, con un impacto
mayor entre las familias de menores ingresos. Es precisamente esta pérdida de
ingresos reales, sumada a los recortes en el gasto público, la que provoca una
caída tal del consumo que condena a la economía a su situación actual de
crisis.

Los salarios en el
sector público tuvieron una trayectoria incluso más negativa que los del sector
privado, acumulando una caída de 19,1% desde la asunción de Cambiemos. En el
informe se detalla el caso de los salarios de convenio de ala Administración
Pública Nacional (SINEP), que perdieron entre noviembre de 2015 y marzo de 2019
el 30,2% de su poder adquisitivo, es decir, el equivalente a 4 sueldos por año.

Los ingresos
vinculados directamente con políticas públicas sufrieron reducciones incluso
superiores a las de los salarios promedio,  lo que muestra la intención
por parte del gobierno de deprimir los ingresos de la población. El salario
mínimo, fijado unilateralmente por el Ministerio de Producción y Trabajo,
exhibe una caída del 25% en su poder adquisitivo desde el inicio del gobierno
de Macri, incluso a pesar del adelantamiento a marzo del aumento previsto
para junio. El haber mínimo ha visto su capacidad de compra deteriorada en casi
20% en el mismo período.

Sólo la asignación
universal por hijo muestra un aumento en términos reales, dado que en marzo se
anticiparon los incrementos previstos por ley de Movilidad para todo el año.
Aún así, desde ese mes vuelve a perder poder adquisitivo, ante una inflación
que no se detiene y que alcanza ya el 55,8% interanual.

En este contexto
en el cual todos los hogares sufren pérdidas en sus ingresos, la situación es
más grave aún para los hogares más pobres. El 10% de los hogares con ingresos
más bajos vio reducido su poder adquisitivo en alrededor del 20% en el último
año. Para estos hogares, que se ven obligados a ajustar los gastos más
esenciales, las consecuencias presentes y futuras resultan dramáticas.

Como consecuencia
de la reducción del empleo y de la fuerte caída de ingresos reales, la
pobreza aumentó considerablemente y llegó a afectar al 35,8% de la población
en el último trimestre de 2018. Se trata del nivel más alto desde 2008. En el
mismo trimestre, la indigencia llegó al 7,4% de la población.

En
este contexto, las medidas de “alivio” lanzadas por el gobierno
nacional resultan claramente insuficientes –cuando no inefectivas–
tanto para paliar el deterioro en las condiciones de vida como para lograr una
reactivación del consumo.